miércoles, 16 de febrero de 2011

Las clínicas abortistas se quejan de que la ley del aborto se aplica de forma muy diferente en las 17 autonomías

Ponen a Andaluc�a como ejemplo de comunidad proabortista

Las cl�nicas abortistas se quejan de que la ley del aborto se aplica de forma muy diferente en las 17 autonom�as

La Asociaci�n de Cl�nicas Acreditadas para la Interrupci�n del Embarazo (ACAI) ha denunciado hoy que la nueva Ley de Salud Sexual no ha cumplido con su objetivo de garantizar la igualdad de acceso a esta prestaci�n en toda Espa�a porque �hoy existen 17 leyes del aborto, una por cada Autonom�a�. Tras cumplirse 7 meses de aplicaci�n de la normativa, ACAI ha constatado en sus 36 centros que las autoridades no est�n ejecutando los �pilares b�sicos� que llevaron a su aprobaci�n: equidad, seguridad, gratuidad y confidencialidad en la practica del aborto.

16/02/11 4:39 PM | Imprimir | Enviar

(Abc/Efe) Andaluc�a sigue siendo la regi�n que mejor est� cumpliendo con la Ley, mientras que Madrid y Catalu�a son las que m�s dificultades est�n presentando para convertir esta prestaci�n en un recurso asequible, equitativo, gratuito y desideologizado, ha informado en rueda de prensa Francisca Garc�a, vicepresidenta de ACAI.

El presidente de la Asociaci�n, Santiago Barambio, ha explicado que la “libertad” que los decretos de desarrollo de la Ley otorgan a los Gobiernos auton�micos y el “escaso margen de maniobra” que reservan al Ejecutivo hacen “imposible” que se cumpla.

Barambio, que ha expuesto este problema a los dirigentes del Ministerio de Sanidad, ha pedido a su titular, Leire Paj�n, que haga uso de la disposici�n que contienen los reglamentos para dictar “cuantas medidas sean necesarias para unificar criterios” y ha reclamado a los gestores auton�micos que cumplan su obligaciones.

En Catalu�a se exige el pago previo al aborto

De Catalu�a, ha denunciado que se est�n practicando abortos farmacol�gicos en los centros de Atenci�n Primaria, sin estar acreditados para ello, mientras que se exige a las mujeres el previo pago de la intervenci�n.</strong>

Pese a que ACAI pidi� que la informaci�n preceptiva fuese com�n, la normativa vigente obliga a las Administraciones auton�micas a suministrarla. Algunas, como la andaluza, no han sido capaces de distribuir regularmente los sobres mientras que la “ideologizaci�n” de la documentaci�n <strong>se observa en Madrid, donde “culpabilizan a la mujer y la dirigen a organizaciones de signo claramente antielecci�n”.

Los confidencialidad tambi�n se ha complicado “tremendamente” con la nueva Ley y en Catalu�a, Valencia o Madrid la afectada queda “identificada durante todo el proceso, y su intimidad, expuesta”.

Frente a Comunidades donde todo el proceso del aborto no dura m�s de una semana -Pa�s Vasco, Valencia, Murcia o Galicia-, en otras como Catalu�a, algunas provincias de Castilla Le�n y Madrid puede prolongarse hasta tres semanas.

Renuncia por agotamiento emocional

Seg�n la vicepresidenta de ACAI, esto conduce a muchas mujeres a renunciar, “por agotamiento emocional” o por miedo a superar determinadas semanas de gestaci�n, a la prestaci�n gratuita.

Las abortistas de Navarra y La Rioja tienen que trasladarse a otras CCAA, porque no se les ofrece otra posibilidad, y algunas de determinadas provincias de Castilla y Le�n -Le�n, Salamanca, Segovia y Soria- tienen que abandonar no solo su provincia sino su regi�n</strong> si quieren que la prestaci�n les sea financiada p�blicamente.

Barambio ha hecho hincapi� en la falta de definici�n del concepto “gestaci�n” que sit�a “de nuevo” tanto a la mujer como al profesional en una situaci�n de “inseguridad jur�dica”, ya que la normativa ha dejado a la interpretaci�n personal el momento desde el cual se inicia el embarazo.

En ninguna Autonom�a, salvo en Andaluc�a, se ha consolidado un modelo de concertaci�n p�blico para la adjudicaci�n del servicio, lo que fomenta la “desigualdad” y la “opacidad” en el acceso.

Financiaci�n p�blica desigual

As�, el porcentaje de intervenciones realizadas con financiaci�n p�blica es muy alto, por ejemplo en Asturias, con m�s de un 90%, y en algunas provincias relativamente bajo, como el 15% en La Coru�a.</p>

La tendencia general media se va aproximando a un 60% de intervenciones financiadas p�blicamente y un 30% realizadas de manera privada, ha puntualizado el presidente de ACAI.

En cuanto al pago, en unos casos como el catal�n es la mujer la que ha de adelantarlo, lo que resulta muy costoso para mujeres que, en ocasiones, deciden abortar por carecer de recursos. En otras regiones se ha establecido un sistema de facturaci�n directa de la cl�nica a la Consejer�a u hospital que, seg�n Barambio, est� <strong>“asfixiando econ�micamente” a los centros acreditados.

Tambi�n se ha referido a los “conflictos” derivados de que las menores de 16 y 17 a�os tengan que contar con autorizaci�n paterna, sobre todo entre las inmigrantes que acceden a Espa�a con esas edades estando solas, “lo que convierte la prueba en impracticable”.

En cuanto a las espa�olas, ha apuntado que mayoritariamente acuden acompa�adas a las cl�nicas mientras que, si no lo hacen, es precisamente porque temen sufrir “serios perjuicios”.

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